Santo Domingo.- En los pasillos iluminados y organizados de los principales supermercados de la República Dominicana, el consumidor confía. Confía en que lo que coloca en su carrito ha pasado por controles de calidad, evaluaciones sanitarias y procesos de regulación que garanticen su seguridad. Sin embargo, cada vez es más común encontrar productos —en especial marcas propias— que exhiben en sus etiquetas una preocupante frase: “registro en proceso”.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede estar en góndola un producto cuyo registro sanitario aún no ha sido aprobado?
El registro sanitario no es un simple trámite burocrático. Es la certificación que garantiza que un alimento, bebida, cosmético o medicamento cumple con estándares mínimos de calidad e inocuidad. Sin ese aval, el consumidor queda desprotegido ante posibles riesgos: contaminación, mala manipulación, información nutricional incorrecta o incluso ingredientes no declarados.
En nuestro país, la responsabilidad de velar por la defensa de los derechos del consumidor recae en el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor). Esta institución tiene la misión de fiscalizar, inspeccionar y sancionar prácticas comerciales que pongan en riesgo la salud o vulneren la confianza del público. Pero ante la expansión visible de productos con “registro en proceso”, surge una interrogante legítima: ¿se están realizando las inspecciones con la rigurosidad necesaria?
Más preocupante aún es que muchas de estas referencias pertenecen a marcas propias de grandes cadenas de supermercados. Es decir, no se trata de pequeños suplidores informales, sino de productos que llevan el sello comercial de empresas consolidadas. Cuando una cadena coloca su marca en un artículo, asume también la responsabilidad ética y legal de garantizar su legalidad.
El argumento de que el registro está “en trámite” no debería ser suficiente para autorizar su comercialización. Si el proceso no ha concluido, el producto no debería estar disponible al público. Permitirlo envía un mensaje peligroso: que las reglas pueden flexibilizarse dependiendo del poder económico o del volumen de ventas.
El consumidor dominicano merece transparencia. Merece saber que aquello que compra para su familia cumple con todas las normativas vigentes. También merece que las autoridades actúen con firmeza, sin distinción ni privilegios.
No se trata de atacar al sector comercial, que ha sido motor importante de la economía nacional. Se trata de fortalecer la institucionalidad y la confianza. Porque cuando el ciudadano pierde la certeza de que el Estado supervisa con eficacia, se erosiona algo más que un mercado: se erosiona la credibilidad del sistema.
Este es un llamado a la acción. A Pro Consumidor, para que intensifique las inspecciones y publique informes claros sobre los productos en “registro en proceso”. A los supermercados, para que revisen sus inventarios y prioricen la legalidad sobre la rentabilidad inmediata. Y a los consumidores, para que lean etiquetas, denuncien irregularidades y exijan sus derechos.
La seguridad alimentaria no puede ser negociable. En un país que aspira a estándares internacionales y a consolidar su desarrollo, permitir la proliferación de productos sin registro definitivo no es solo una falta administrativa: es una irresponsabilidad colectiva.
Por: Wal Polanco
