La investigación pone el foco en el seguimiento de las órdenes de protección, la coordinación entre las instituciones y las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.
SANTO DOMINGO.— Presentar una denuncia por violencia de género puede ser el primer paso para poner fin a un ciclo de agresiones, pero ¿qué ocurre después de que una mujer acude a las autoridades y solicita protección? La respuesta a esa pregunta constituye el eje de una investigación sobre los mecanismos que dispone el Estado dominicano para prevenir nuevas agresiones y garantizar la seguridad de las víctimas.
El recorrido que sigue una denuncia, desde su recepción hasta la aplicación de las medidas de protección, plantea interrogantes sobre los tiempos de respuesta, la comunicación entre las instituciones y los procedimientos disponibles cuando el agresor incumple las restricciones impuestas.
La investigación busca establecer si existen diferencias entre las garantías previstas en la legislación y la protección que reciben las mujeres en situaciones concretas de riesgo, a partir de estadísticas oficiales, expedientes judiciales, protocolos institucionales y testimonios de sobrevivientes.
La Ley núm. 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y contra la Mujer constituye una de las principales referencias del marco jurídico dominicano en esta materia. Sin embargo, conocer las disposiciones legales no basta para determinar la eficacia de la respuesta institucional: también es necesario examinar cómo se aplican y qué mecanismos existen para verificar su cumplimiento.
Uno de los aspectos centrales de la investigación es el seguimiento de las órdenes de protección, concebidas para reducir la exposición de las víctimas a nuevas agresiones y establecer restricciones al comportamiento del presunto agresor, según las disposiciones aplicables a cada caso.
El reportaje examinará cómo se comunican estas medidas a las autoridades responsables, qué procedimientos se activan cuando una mujer denuncia nuevas amenazas y cómo se documentan las actuaciones posteriores.
También indagará qué ocurre cuando una víctima vuelve a solicitar ayuda después de haber denunciado previamente al mismo agresor y qué mecanismos permiten evaluar si su situación de riesgo ha cambiado
Los servicios de asistencia a las mujeres constituyen otra dimensión del problema. La atención legal, el acompañamiento psicológico y el acceso a refugios temporales pueden resultar determinantes para quienes necesitan alejarse de un entorno violento y sostener un proceso judicial.
La memoria institucional de 2025 del Ministerio de la Mujer registró 99.510 atenciones relacionadas con sus servicios, entre ellas asesoría legal, asistencia psicológica, atención a la diáspora y servicios de la Línea de Emergencia *212.
El documento también reportó la atención de 1.210 mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas acompañantes en casas de acogida durante ese año.
Estas cifras permiten dimensionar parte de la actividad institucional, pero no equivalen al número de denuncias recibidas ni al total de mujeres que solicitaron órdenes de protección. Tampoco permiten establecer, por sí solas, cuántas víctimas recibieron protección efectiva después de denunciar.
Los casos de mujeres que denunciaron previamente y posteriormente enfrentaron nuevas agresiones constituyen una de las líneas prioritarias del trabajo periodístico.
El asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, quien denunció a su expareja por presunto acoso y amenazas horas antes de morir a tiros el 13 de mayo de 2026, ha vuelto a poner bajo escrutinio los mecanismos de protección a las víctimas de violencia de género en República Dominicana.
Moronta de los Santos acudió a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este para denunciar el hostigamiento que, según su relato, sufría desde que terminó su relación sentimental con Omar Tejeda Guzmán, de 48 años
El caso deja abierta una pregunta central para el sistema de justicia dominicano: ¿qué mecanismos permiten garantizar que una mujer que denuncia amenazas reciba una respuesta adecuada a su nivel de riesgo y no quede expuesta a nuevas agresiones?
En República Dominicana existen mecanismos legales e institucionales destinados a proteger a las mujeres que denuncian violencia o amenazas. Entre ellos figuran:
- Evaluación del nivel de riesgo: las autoridades deben identificar señales de peligro, como amenazas de muerte, antecedentes de agresiones, acceso a armas, persecución o incumplimiento de medidas de protección, para determinar la urgencia de la intervención.
- Órdenes de protección: la legislación contempla medidas destinadas a proteger la integridad física y psicológica de las víctimas. El Ministerio Público también dispone de mecanismos para solicitar protección judicial y adoptar medidas provisionales conforme al marco legal aplicable.
- Vigilancia y respuesta policial: los protocolos institucionales contemplan informar a los destacamentos correspondientes sobre la existencia de un proceso y solicitar asistencia policial o patrullaje cuando las circunstancias lo requieran.
- Casas de acogida: cuando existe riesgo de muerte o peligro grave y la mujer no cuenta con otras condiciones seguras, puede ser referida a un refugio temporal junto con sus hijos menores de 14 años a su cargo, según los criterios de admisión establecidos.
- Coordinación interinstitucional y seguimiento: la respuesta debe articular al Ministerio Público, la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer, de manera que la denuncia no se limite a registrar los hechos, sino que active medidas concretas de protección. La iniciativa Puntos VIDA busca facilitar esa conexión entre las mujeres en riesgo y los servicios de asistencia.
La protección de las mujeres que denuncian violencia no puede limitarse a recibir una querella o emitir una orden judicial; exige una respuesta oportuna, seguimiento efectivo y coordinación entre las instituciones responsables de garantizar su seguridad.
Cada amenaza ignorada y cada medida de protección que no se verifica representan interrogantes sobre la capacidad del sistema para prevenir una tragedia. Detrás de cada denuncia hay una mujer que busca ayuda y espera que el Estado actúe antes de que sea demasiado tarde.
El desafío de la justicia dominicana no consiste únicamente en investigar los feminicidios cuando ya han ocurrido, sino en determinar si las señales de peligro fueron identificadas, si se actuó a tiempo y si las mujeres que pidieron protección recibieron una respuesta acorde con el riesgo que enfrentaban.
Porque denunciar no debería convertirse en el último intento de una mujer por salvar su vida, sino en el primer paso hacia una protección real y efectiva.
